“investigaciones sin patrocinio” carece de claridad de definición y parece no estar siendo aplicada en la realidad. El punto del pago de canon acarrea importantes dudas concernientes a equidad e igualdad: ¿por qué solo estudiantes de universidades públicas pueden ser exonerados de este pago?, ¿por qué se exonera solo a investigadores que laboran en universidades públicas y no a los pertenecientes a las demás instituciones públicas, siempre y cuando trabajen sin fines de lucro?, ¿por qué un investigador que efectúa sus estudios ad honorem, fuera de su horario laboral, debe aún así declarar su salario por hora dentro del presupuesto de sus proyectos?, y ¿por qué si un investigador realiza un estudio en su tiempo libre, sin devengar retribución económica por ello, debe pagar un canon calculado sobre un monto basado en su salario?

En el país existen básicamente tres grupos de investigadores: los que se encuentran pagados o patrocinados, estudiantes que tienen como requisito de graduación una tesis de investigación, e investigadores que realizan su labor sin fines de lucro, sin percibir ganancias por sus resultados y sin recibir ningún patrocinio monetario o no monetario. Actualmente, a este último grupo de profesionales, aunque no recibe ningún beneficio material por su trabajo y lo efectúa en su tiempo libre, no se le aplica la exención del pago del canon. Este grupo, que es bastante grande, productivo, capacitado y con alto potencial de desarrollo en Costa Rica, está obligado a pagar para crear conocimientos que permitirían mejorar el bienestar de la población.

En esta forma, se enfrenta una situación sumamente desmotivante, que inhibe a todas luces la productividad científica. Para esquivar o amortiguar el pago del canon, se incluye como investigadores principales a estudiantes en los proyectos, se solicita ayuda a organizaciones que se encargan de los pagos (lo cual implica un compromiso o conflicto de interés del investigador con dichas organizaciones), o se declaran presupuestos bajos o ficticios para evitar cánones elevados, entre otras estrategias.

Por lo expuesto, la investigación independiente, crítica en este país, se torna complicada y cara. Queda en duda también si esta fue una idea detrás de la Ley N° 9234: cercenar el trabajo científico en lugar de fomentar la investigación de alto nivel, fin oculto bajo la mampara de inhibir que Costa Rica se convierta en un laboratorio de estudios clínicos sin responsabilidad y valores éticos. Siempre hay un camino difícil entre una idea y su realización, pero la implementación e interpretación actual de dicha ley generan situaciones claramente desfavorables para el país y sus investigadores, que inhiben el trabajo científico sin fines de lucro y que ya están influyendo negativamente en el interés de los profesionales de salud por la investigación clínica. Este obstáculo puede resultar en un desenlace aún más fatídico para la ciencia costarricense, propiciando la clásica y temida “fuga de cerebros”, característica de muchos países latinoamericanos. Necesitamos investigadores para desarrollar Costa Rica, mejorar el conocimiento sobre la epidemiología y la morbilidad locales e innovar y optimizar la medicina, lo cual solo puede redundar en beneficio del país y la totalidad de sus habitantes.

María del Rosario Espinoza Mora, MD/PhD Coordinadora de la Unidad de Inmunología Clínica del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia